LAS CLAVES DE LA POLÍTICA
(Carta del párroco, Francisco Suárez Salguero, en El Viso del Alcor, 21/7/2013)

D. Francisco

De vez en cuando, a través de mis cartas parroquiales, entre otros asuntos y en el me-jor sentido de la palabra, “me meteré en política”, siempre desde la Doctrina Social de la Iglesia. El porqué de esto puede verse en las imágenes que acompañan esta carta.
En el Concilio Vaticano II (GS 26) se acuñó que la actividad política está al servicio del bien común de la sociedad, garantizando “el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”.
La perfección del ser humano no representa solamente un bien individual, del cual cada persona es responsable, sino también un bien para todas las comunidades en que él participa, en corresponsabilidad compartida. Esta corresponsabilidad compartida mira al logro de la justicia social.
El bien común, que no coincide con el llamado “interés general”, no es una mera su-ma de bienes privados sino algo que tiene que ver directamente con la justicia, con lo que es justo. Así pues, la justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política.
La política es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su meta están precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética. La moralidad en la política ha de fundamentarse en el ejercicio de la subsidiariedad y de la solidaridad.
Se tiene que dar un relieve especial a la igualdad de todos en dignidad y derechos. Un orden justo sólo se concibe como un orden solidario, un orden más allá de lo meramente económico, financiero, comercial, mercantil o de empresa. La política no se ha de ejer-cer sólo como administración. La política no puede dejar de entender y atender el espa-cio propiamente social y comunitario de la gente como ciudadanía.
Actualmente, se suele entenderse la política como la actividad que, por una parte, compete a los órganos del Estado (o de las Autonomías), particularmente al poder cons-tituyente y legislativo, y por otra parte a los órganos de gobierno. Como en el contexto de sociedades democráticas (más o menos avanzadas o consolidadas) tales órganos con-templan la elección popular de sus integrantes, la preocupación política se extiende a los partidos políticos y a los sistemas electorales en que ellos están involucrados, al finan-ciamiento de las campañas y a la libertad de prensa y de expresión que dan legitimidad al conjunto del procedimiento. Dado que el elector es individual y las decisiones polí-ticas son vinculantes para todos, se suele conceptualizar la vida política como la rela-ción entre el individuo y el Estado, como si entre ambos no existiese ninguna mediación intermedia, distinta a la que representan los propios partidos políticos como formas de canalización de las preferencias de la población hacia los diferentes candidatos en com-petencia. Lo peor de todo es que los grupos que forman la sociedad civil no son consi-derados actores políticos importantes y se los sitúa antes en la esfera privada que en la pública. Tenemos así un sistema político que resalta el estatismo y el individualismo, con el agravante de quedar resaltado como contrarios lo público y lo privado

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